Memoria de un narcoestado

En vísperas de un nuevo aniversario del golpe de Estado contra Isabel Martínez de Perón, perpetrado por la junta militar encabezada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Emilio Eduardo Massera y el brigadier general Orlando Ramón Agosti —que dio inicio al autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”—, resulta inevitable recordar la etapa más triste y oscura de nuestra historia: 30.000 detenidos-desaparecidos, miles de asesinados en la clandestinidad, torturados, bebés robados, violaciones sistemáticas a los derechos humanos y un daño estructural a la economía nacional que destruyó el tejido social y reconfiguró el sistema económico-financiero de nuestro país. Un modelo del que, hasta hoy, nunca terminamos de recuperarnos.

Sin embargo, existe una de las tantas consecuencias del terrorismo de Estado que rara vez se pone sobre la mesa: el rol de la dictadura en la instalación del narcotráfico en Argentina.

Más de una vez escuchamos frases como: “Esto con los militares no pasaba”, “con los milicos se vivía mejor” o “tienen que volver los militares a las calles”. Expresiones que surgen frente al avance de la inseguridad o del narcotráfico que hoy golpea a Rosario y al AMBA. Pero, ¿realmente la Argentina de aquellos años estaba libre de estas problemáticas? La respuesta es no.

En la previa del Mundial 1978 —con la selección como país anfitrión y futura campeona— se produjo un hecho que investigaciones periodísticas y archivos históricos ubican como un punto de partida del narcotráfico moderno en nuestro país: la llegada al Puerto de Rosario de 200 kilos de cocaína camuflados como “azúcar”, a bordo del buque Libertador Simón Bolívar, proveniente de Bolivia.

Diversos trabajos de investigación han señalado que este arribo se habría dado en el marco de acuerdos entre las dictaduras de Videla y Hugo Banzer Suárez, bajo la coordinación regional del Plan Cóndor. Se menciona incluso la participación de altos mandos militares como Emilio Massera y Leopoldo Fortunato Galtieri en la recepción del cargamento, junto a autoridades navales bolivianas. Se trata de denuncias históricas y testimonios que, aunque no fueron plenamente judicializadas, abren una línea de análisis imprescindible sobre la connivencia entre terrorismo de Estado y delito transnacional.

El proveedor de aquella mercadería era Roberto Suárez Gómez, el “Rey de la Cocaína”, histórico abastecedor de Pablo Escobar. Su expansión fue posible gracias a la impunidad garantizada por los regímenes autoritarios del Cono Sur, que ofrecían cobertura a cambio de financiamiento y favores políticos.

La dictadura cívico-militar argentina no sólo ejerció la represión más brutal: también tejió un entramado delictivo estatal entre Fuerzas Armadas, servicios de inteligencia, sectores empresariales y delincuencia organizada. Ese sistema sentó las bases de un proto-narcoestado, comparable —en su lógica de funcionamiento— al caso del Estado Wa en Birmania: negocios ilícitos protegidos desde el poder.

Esa matriz clandestina rompió una Argentina que, hasta entonces, conservaba grados reales de independencia económica, soberanía política y justicia social. El proyecto represivo fue, a la vez, un proyecto económico de recolonización, funcional a intereses financieros y geopolíticos del exterior.

Si algo nos enseña nuestra historia reciente es que los fantasmas del pasado adoptan formas nuevas: ya no se presentan con uniformes ni botas, sino con discursos de mercado absoluto, dogmas de “orden fiscal” y el saqueo de nuestros recursos naturales en nombre de una supuesta libertad.

Los métodos cambian.
El objetivo sigue siendo el mismo: La destrucción de la Argentina y la frustración de su liberación nacional.